miércoles, 29 de mayo de 2013

Demanda contra Lucia Figar por prevaricación

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” ultima la presentación de una demanda por un posible delito de prevaricación contra la Consejera de Educación por el cierre de varios centros educativos públicos en contra de la posición de sus Comunidades Educativas.

La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que la actuación de la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que pretende cerrarvarios centros educativos públicos utilizando eufemismos como “integraciones” o“fusiones”, podría ser constitutiva de un posible delito de prevaricación y ultima una demanda en ese sentido ante las instancias judiciales oportunas.

La FAPA, que ha mantenido diversas reuniones con las APAS de los centros educativos afectados, por habérsele comunicado hace meses que serían cerrados con independencia de la opinión de sus Comunidades Educativas, ha recogido la petición de éstas en el sentido de luchar contra los más que supuestos abusos de los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, y llevará a la Consejera ante 
los tribunales por vulnerar, de forma consciente a juicio de la FAPA y de las APAS de los centros afectados, tanto la legislación emitida por la Consejería y firmada por la propia Consejera como las sentencias que ha recibido la Administración educativa madrileña en su contra en los últimos años por sus reiterados desmanes.

Próximamente se anunciará el día concreto en el que se presentará la demanda.Desde este momento, las Comunidades Educativas afectadas y la FAPA empiezan una campaña de recogida de fondos para financiar estas actuaciones judiciales, algo que no sería necesario si la Consejera de Educación se sometiera al Estado de Derecho y no atacara a la escuela pública por el simple hecho de ser pública.

Ataque que, entre otras cosas, se realiza utilizando para ello diversos mecanismos, como impedir que puedan escolarizar las familias a sus hijos e hijas en los centros públicos, de manera que se dirija a las familias hacia otros centros, casi siempre favoreciendo a los privados, o cediendo parcelas y concertando unidades para que los centros privados puedan escolarizar al posible alumnado antes de que la Administración llegue a crear las plazas públicas o para que le quite el alumnado a los centros públicos existentes, privatizando cada vez más la educación.

La libertad de elección de centro, esa que tanto pregona la Consejera en los medios de comunicación, sólo se permite realmente para las familias que quieran enseñanza privada, negándole el derecho a quienes quieren elegir y mantener sus Proyectos Educativos en los centros educativos públicos.

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