lunes, 30 de septiembre de 2013

¿Y QUÉ HAREMOS CON EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN?

En este período tan extraño y reaccionario que nos ha tocado vivir en todos los ámbitos de la vida pública española, quizás la política de la educación es la más lacerante e irracional. Así lo demuestra la llamada “Ley de Mejora de la Calidad Educativa” (LOMCE) que, nuevamente, olvida que la educación es una cuestión de Estado que debe contar con el acuerdo y sensibilidad de todos o gran parte de los grupos políticos del arco parlamentario y, lo que es más determinante, con el consenso y debate de los demás sectores populares en el marco de ese proyecto.

La insistencia en destruir lo que de bueno ha aportado la educación pública; la obsesión por la enseñanza de materias que deberían ubicarse en el ámbito estrictamente personal o familiar de formación, pretiriendo lo que es una obligación del Estado (contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas libres y democráticos que respeten y defiendan los derechos humanos), es algo paradigmático en este Gobierno, más atento a conservar la poca cuota de credibilidad que le queda que a la defensa de los valores constitucionales que han de guiar su acción.


La LOMCE ha sido impuesta desde la soberbia de la mayoría absoluta parlamentaria conservadora, olvidando el consenso con los sectores del ámbito educativo (ni profesorado, ni padres, ni alumnos, ni sindicatos, ni demás grupos políticos se sienten escuchados). Sólo el sector más duro de la Iglesia católica ha sido consultado, de ahí que la nueva ley considere Religión como asignatura evaluable cuya puntuación, por tanto, será tenida en cuenta para todos los aspectos o niveles de baremación académica. Los profesores de Religión, por cierto, son nombrados por el Arzobispado pero pagados con dinero público. 

Si tuviera que definirse la LOMCE en una sola palabra, esta sería “antidemocrática” —profundamente antidemocrática—. Esta afirmación se sostiene en varios hechos contrastados:

- Por la organización que adopta de los centros docentes. El Consejo Escolar —marco en el que se encuentran los diferentes actores implicados en la educación (representantes del profesorado, padres, administración y alumnado)—, pasa a ser un órgano meramente consultivo, con una dirección nombrada por la Administración.

- Porque refuerza la confesionalidad y discrimina la enseñanza laica, computando la nota de Religión.

- Porque propicia la segregación del alumnado, al derivar de forma temprana a los estudiantes con más dificultades hacia otros itinerarios menos favorecedores. 

- Por el excesivo control academicista a través de reválidas desde educación primaria, lo que potencia el fracaso escolar. 

- Por la exclusión de áreas de Humanidades y Artes como la Música, la Plástica o la Educación Física, con una reducción de horario y de currículum que va en detrimento del desarrollo psicomotriz, manual y creativo del alumnado. Todo ello genera una falta de entusiasmo e ilusión por el saber y el aprendizaje, la ausencia de estímulos y un déficit en la sensibilidad artística. Esto 
supondrá más fracaso y marcará definitivamente las diferencias entre alumnos “buenos” y no tan “buenos”.

- Por la discriminación de los centros en función de las notas obtenidas, la clasificación del profesorado o el poder adquisitivo de los padres.

- Por la infravaloración de la educación desde un punto de vista presupuestario, lo que se traduce en reducción del sueldo de los profesores, al tiempo que se aumenta su carga horaria; recorte de material a los centros; aumento del número de alumnos por aula; eliminación de horas de tutorías y relación con los padres; menor atención a la diversidad, a la integración, etc.

- Porque prima la subvención a la educación concertada y de élite e incluso se propone la segregación por sexo en aras de la llamada “libertad de elección”. Eso sí, con fondos públicos.

- Por la reducción del número de becas y la exigencia de más puntuación para conseguirlas.

- Porque en el ámbito universitario disminuye la aportación económica para investigación y desarrollo.

- Porque auspicia el abandono de las escuelas rurales, condenándolas a su desaparición.

- Porque no tiene en cuenta la realidad multicultural lingüística, ni fomenta el idioma propio de las Comunidades Autónomas.

- Porque elimina la Educación para la Ciudadanía, una asignatura que forma parte de los currículos académicos de toda Europa y que resulta necesaria para conocer derechos y deberes en una sociedad multicultural.

La LOMCE contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama como ideal común para todos los pueblos y naciones del mundo el que tanto los individuos como las instituciones promuevan mediante la enseñanza y la educación el respecto a los derechos y libertades del ser humano; quebranta la Declaración de los Derechos de la Infancia, porque olvida prioridades esenciales en la educación de los/las ciudadanos/as, necesarias para generar un sistema integral de derechos y deberes; y minusvalora que la propia idea de la educación debe dirigirse hacia una formación crítica, constructiva, humanista y transformadora de la persona y del entorno social, mejorándolos.

En definitiva, la LOMCE es una ley inasumible en un Estado social, democrático y de derecho tal y como queda proclamado por la Constitución española, ya que, al definir la educación como motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad, antepone las necesidades de los mercados a la verdadera formación del alumnado, a la construcción de una sociedad más libre, justa, sin discriminación, equitativa, solidaria, transparente, cohesionada, respetuosa con los derechos de la madre naturaleza y en paz.


Batasar Garzón Real, Magistrado Juez,
Manifiesta su adhesión a la Plataforma Stop Ley Wert

martes, 24 de septiembre de 2013

Consulta ciudadana por la educación. Participa!


La Consulta Ciudadana por la Educación se realizará entre los días 23 de septiembre y 13 de octubre, ambos días inclusive. El horario en el que cada mesa estará disponible para recoger las opiniones de los ciudadanos se extenderá, con carácter general, desde las 10 hasta las 20 horas, aunque cada Comunidad Educativa dará a conocer los días y horas concretos en los que la mesa estará colocada.

Y desde el día 23 a las 10 de la mañana se podrá participar en la Consulta de forma virtual a través del operativo establecido para ello en www.consultaciudadanaporlaeducacion.org

En dicha Web están todos los documentos preparados para su descarga.



lunes, 16 de septiembre de 2013

Por una vez, el Ayuntamiento responde a nuestras solicitudes


Desde esta Plataforma somos muy críticos con la política y la gestión educativa que el Partido Popular ha venido “ejecutando” en los distintos niveles de gobierno: central, autonómico y municipal. Y mucho nos tememos que la realidad no va a permitir que cambiemos nuestra postura, aunque nos gustaría mucho poder hacerlo. Aunque es muy previsible que debamos seguir con críticas muy negativas, nos exigimos hacerlo desde la mayor objetividad y honestidad que nos sea posible. Por eso, queremos ahora valorar positivamente una actuación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Os explicamos en qué ha consistido.

Desde enero de 2013, la empresa EULEN es la nueva adjudicataria de la contrata de limpieza del I.E.S. Camilo José Cela (Pozuelo de Alarcón). Pues bien, desde finales de abril esta empresa redujo en un 30 % las horas de trabajo de las empleadas encargadas de dicha limpieza, lo que obviamente provocó un claro empeoramiento de las condiciones higiénicas del centro. El Director del instituto informó a las familias de esta circunstancia en mayo mediante una carta colgada en la página web del mismo (http://ies.camilojosecela.pozuelodealarcon.educa.madrid.org/). Ante esta situación, varios miembros de esta Plataforma fuimos a hablar con el Director para conocer con más detalle el problema y registramos un escrito dirigido a la alcaldesa de Pozuelo. Aunque asumíamos que las competencias al respecto residen en la Comunidad de Madrid, solicitábamos que el Ayuntamiento se implicara en la resolución del conflicto, se informara y en su caso pidiera explicaciones a la Comunidad de Madrid. Pues bien, parece que el Ayuntamiento efectivamente intervino ante la Comunidad, y que gracias a ello ha aumentado de nuevo el horario de las trabajadoras encargadas de la limpieza del instituto, aunque aún se mantiene un servicio más reducido que el que había antes de encargarse EULEN de la contrata.


Aunque este problema puede y debe entenderse como un asunto menor comparado con todo lo que está pasando, desde esta Plataforma nos sentimos obligados a contar que esta vez nuestras actuaciones en defensa de la educación pública sí han encontrado una respuesta positiva por parte del Ayuntamiento, lo que por supuesto agradecemos.

Movilizaciones de la #mareaverde educativa


martes, 3 de septiembre de 2013

Más alumnos, menos profesores

No se les dan bien las cifras. Supongo que ese es el problema de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y de ahí, precisamente, su obsesión por las reválidas y pruebas CDI varias, con el afán de que no se perpetúen en las siguientes generaciones su graves errores de cálculo.

Este nuevo curso arranca con más pruebas de sus serios conflictos con la aritmética. Por un lado, las matriculaciones en la escuela pública han aumentado en 9.852 alumnos. Por otro, tenemos un tercio de maestros con sus oposiciones aprobadas sin destino asignado, gracias a los sangrantes recortes en las plantillas de todos los centros, donde se han eliminado vacantes necesarias. Y, por último, nos encontramos con las declaraciones de Lucía Figar asegurando que ‘aún hay que ajustar la cifra de maestros’. Como la semántica tampoco es lo suyo, ‘ajustar’ lo emplean -básica y exclusivamente- como sinónimo de ‘reducir’, así que está claro que consideran que a un aumento del alumnado le corresponde una reducción del profesorado.

Ante tal desajuste, solo cabe pensar que les cuesta trabajar con los números o que, por alguna maligna intención, prefieren atestar las aulas de la pública, sobrecargar a los maestros y evitar que se pueda llevar a cabo una auténtica y personalizada educación en nuestras escuelas. Eso, lógicamente, supondría inferir que prefieren el modelo de la privada y de la concertada, que están a favor del adoctrinamiento religioso y de la segregación por sexos, o hasta que no desean que la educación pública funcione de resorte de posible ascenso social dando oportunidades a quienes, de otro modo, carecerían de ello. Incluso supondría concluir que la supresión de las becas y la subida de tasas son dos medidas más que se suman a esa animadversión que les provoca todo lo que favorece la igualdad en un denodado afán por defender el elitismo y el abismo social.

Sea como sea, los números -de nuevo- no cuadran. Y lo peor es que esos números escoden nombres que, a su vez, designan vidas. Las de los alumnos y alumnas que convivirán en aulas con menos profesores de los necesarios. Pero eso -las vidas que se ocultan tras las cifras- parece importarles muy poco. Nada, en realidad.


Fernando J. López