¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con la LOMCE?

Compartimos una interesante entrevista realizada por Yo estudié con la pública a Beatriz Quirós, miembro del Consejo Escolar del Estado y profesora en el IES Rosario Acuña de Xixón.

"Entrevistamos a Beatriz Quirós, profesora en el IES Rosario Acuña de Xixón,en Asturies, y miembro del Consejo Escolar del Estado.Una vez que el proyecto esté en el Parlamento, su tramitación depende del número de comparecencias en comisión, de la presentación o no de nuevas enmiendas por parte de los grupos parlamentarios y del momento político en que se esté. 

P. Sabemos que la voluntad del Ministro Wert era que la LOMCE se hubiera aprobado a finales de 2012 para forzar su aplicación en el curso 2013-2014. Sin embargo, los plazos parecen estarse alargando. ¿Puedes explicarnos cuáles son los trámites que ha de pasar la LOMCE antes de su aprobación (o no) en el 

Congreso? ¿De qué tiempos estamos hablando?

El Anteproyecto de LOMCE, en su tercera versión, está en estos momentos en el Consejo de Estado tras su paso por el Consejo Escolar del Estado el 24 de enero. El Consejo de Estado no tiene un tiempo límite para emitir el informe preceptivo. Tras ese informe del Consejo de Estado iría al Consejo de Ministros, paso previo a su remisión como Proyecto de Ley al Parlamento. El texto que ahora figura como tercera versión del Anteproyecto contiene algunas modificaciones procedentes tanto del Consejo Escolar como algunas surgidas por parte de las CCAA en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. 

En ellas se han expresado divergencias que se refieren sobre todo a aspectos económicos, ya que en última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, donde están representadas todas las Consejerías del Estado, algunas de las gobernadas por el PP ya expresaron su oposición a asumir la financiación de la implantación de la LOMCE. Las otras CCAA también rechazaron este aspecto y muchos otros de los que plantea la reforma.

Por lo tanto, la Ley podría llegar a aprobarse en este año o bien prolongarse su debate después del verano y entonces ser aprobada el curso próximo, como sugería Soraya Saénz de Santamaría. El Consejo de Estado no debería dar paso, por ejemplo, a aspectos relacionados con la creación de una Asignatura Alternativa a la Religión, ya que el Tribunal Supremo ya declaró discriminatorio que hubiera una materia con contenido curricular cursada por el alumnado que no está inscrito en Religión.

P. ¿Cuál es en estos momentos la postura del Consejo Escolar del Estado? 

El Consejo Escolar del Estado emitió dos informes sobre la LOMCE —algo totalmente inusitado— ya que el gobierno cambió sustancialmente el texto que se había remitido para ser dictaminado en el Consejo Escolar del Estado de octubre de 2012. En aquella ocasión, los representantes de los sindicatos contrarios a la LOMCE, entre ellos STEs-i, y representantes de padres, madres y alumnado de la escuela pública y representantes de la Federación de Municipios y Provincias abandonamos el Pleno del Consejo al impedirse por parte la presidencia del mismo la defensa del Informe alternativo presentado por STEs-i. 

El informe sobre aquel anteproyecto, así como el correspondiente al Pleno que dictaminó el nuevo anteproyecto presentado por Wert —curiosamente a los pocos días de haberse tratado en el Consejo el primero— fueron aprobados por la mayoría conservadora del Consejo Escolar. 

En el segundo Pleno, —el 24 de enero— los representantes de sindicatos, CEAPA, asociaciones estudiantiles, etc, defendimos nuestros respectivos informes alternativos pero no entramos a votar las enmiendas al anteproyecto, por considerar imposible mejorar un texto como el actual. 

Así pues, la mayoría del Consejo Escolar del Estado aprobó una serie de enmiendas que en muchos casos empeoran el texto original —caso de algunas de las presentadas por las distintas patronales con representación en el CEE—, aunque alguna de las aprobadas iba contra la línea ministerial, concretamente en lo relativo a no recortar las competencias de los Consejos Escolares de los centros. 

P. ¿Cuál es la postura de los partidos políticos de la oposición frente a la LOMCE?

Respecto a la posición de los diferentes partidos políticos que rechazan la LOMCE parece que todos los de la oposición en mayor o menor medida se están oponiendo al anteproyecto. Desde los partidos de ámbito estatal como PSOE o IU se plantean iniciativas parlamentarias o la integración en plataformas contra la LOMCE. 

La oposición en los partidos de la derecha nacionalista se basa fundamentalmente en la invasión de competencias o en la cuestión lingüística en el caso de Catalunya. Pero algunas de las medidas incluidas en la LOMCE ya están siendo aplicadas allí, como el beneficio a las empresas privadas, el refuerzo a los centros concertados o la introducción de medidas de gestión empresarial en la escuela pública. 

En el caso vasco, el PNV parece menos beligerante en este ámbito. Lo que es cierto es que la política de refuerzo de la red concertada coincide con la tendencia en este territorio, donde la red concertada supone una buena parte de la oferta educativa, en mayor medida que las de otras CCAA.

En el caso de partidos como UPyD, su posición no ha aparecido claramente en la escena pública. No obstante, su carácter marcadamente centralista apoya las pretensiones claramente recentralizadoras defendidas por Wert y que han puesto en pie de guerra a las fuerzas que defienden el derecho de los pueblos del estado a ser escolarizados en su lengua materna, cuyas enseñanzas hoy por hoy están en peligro a causa de la LOMCE.

Manifestación de la mareaverde

P. ¿Cabe pensar en la posibilidad de algún acuerdo o incluso de un pacto de Estado entre PP y PSOE?

Respecto a la posibilidad de un pacto entre el PSOE y el PP en estos momentos pienso que sería probable en otros ámbitos más generales, vinculados al mantenimiento del status quo y no en el estrictamente educativo. Recordemos que el intento de pacto por la educación propuesto bajo el Ministerio de Ángel Gabilondo tuvo como consecuencia la inclusión de algunas de las medidas negativas propuestas por el PP y acordadas con el PSOE que fueron introducidas en la Ley de Economía Sostenible y que ya modificaban la LOE en el sentido que pedía el PP ( itinerarios en ESO, FP al servicio de los intereses empresariales, entre otras medidas). Para mí la propuesta de pacto por la educación es un arma engañosa que busca legitimar las propuestas más reaccionarias; el único pacto admisible es el que situara a la escuela pública y laica como 

prioridad total tanto en inversión como en concepción del sistema educativo. La LOE, recordemos, concibe que el sistema público de educación puede ser prestado por la red pública y la concertada, a las que pone en el mismo nivel. Pero la derecha educativa es insaciable, como vemos con la LOMCE y como previsiblemente veremos en el trámite parlamentario.

 P.Caso de aprobarse la LOMCE, ¿qué va a pasar con su aplicación? ¿Cuáles son los posibles escenarios que nos podemos encontrar de puesta en marcha?

De aprobarse, su aplicación exigiría la modificación de la situación legislativa actual, es decir, se debería modificar, entre otras leyes, la LOE para que en ella apareciera lo que introduce la LOMCE. Recordemos que la LOMCE no es una ley nueva sino que lo que hace es, dentro de la estructura de la LOE, modificarla; es cierto que de forma radical. Pero es significativo que el Ministro aproveche la estructura de una Ley como la LOE y no haya hecho una entera nueva. Lo cierto es que la LOE contiene ya elementos que favorecen la privatización y la mercantilización de la educación, y que ello llevó a algunas organizaciones, como los STEs-i a oponerse a ella en su momento. 

La publicación de la Ley resultante deberá ser seguida por el desarrollo legislativo a través de la elaboración de varios Decretos como por ejemplo, los que desarrollen los nuevos curricula de los distintos niveles educativos, así como los correspondientes a la implantación de las evaluaciones-reválidas y sobre la modificación del acceso a la Universidad; recordemos que la PAU desaparecería, habría una reválida sin la cual no se aprobará 2º de Bachillerato y sería cada universidad la que organizara dicho acceso.

En la propia ley se prevé la puesta en marcha del llamado Estatuto Docente, que sería el marco legislativo en el que se desarrollarían, entre otras, las atribuciones del director/a para conformar el claustro de profesorado a su medida, como plantea la LOMCE. También se habría de modificar el Real decreto que regula el Concurso de Traslados —que quedaría casi en papel mojado gracias a las atribuciones del director y supondría traslados forzosos para el profesorado— y el Reglamento de Acceso a la función pública docente, que podría suponer el despido de miles de docentes interinos al implantar un sistema nuevo tanto de acceso como de provisión de plazas. 

Otra modificación sustancial estaría vinculada a la evaluación docente que tendría como consecuencia la puesta en marcha del sistema de rendición de cuentas contemplado en el anteproyecto. En versión LOMCE esto significaría que el salario del profesorado y la estabilidad en el puesto de trabajo dependerían de la evaluación docente, basada entre otros aspectos en los resultados del alumnado. Algunas organizaciones no sólo no rechazan esta cuestión sino que defienden la implantación de la llamada carrera docente. Ese Estatuto cuyo recorrido comenzaría tras la aprobación de la LOMCE, sería una vuelta de tuerca más en esta carrera hacia la gestión empresarial de los centros públicos. 

La libertad de elección de centro se plasmaría en decretos autonómicos sobre la creación del llamado distrito único y se modificarían las normativas autonómicas sobre conciertos facilitando su ampliación. Miles de puestos de trabajo podrían desaparecer en la enseñanza pública por esta razón y también como consecuencia de la “compactación” del bachillerato (unos 4000 docentes, según estimaciones).

En los aspectos vinculados a la enseñanza en las lenguas maternas, estas sufrirían un retroceso en pocos años ya que se verían relegadas en sus respectivos territorios.

Por otra parte, las CCAA donde no gobierna el PP intentarían recurrir aspectos del desarrollo de la Ley, llegando incluso a la insumisión, como algunas plantean ya en determinados ámbitos. Con lo que la implantación de la Ley supondría, dependiendo del mapa político autonómico, un conflicto permanente, pues también las CCAA donde el PP gobierna plantearían problemas derivados del coste de la implantación de la misma"

YO ESTUDIÉ EN LA PÚBLICA - Ciudadan@s por la Educación Pública

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