¿A quién beneficia? La locución latina, difundida por Cicerón, se emplea habitualmente para intentar explicar en última instancia el porqué de acciones de muy diverso tipo cuyas razones se nos escapan. Si no somos capaces de entender los motivos por los que la Comunidad de Madrid ha elevado las tasas universitarias de grado y posgrado hasta extremos que muchas familias de clase media y baja no pueden permitirse, y además ha reducido el número de becas destinadas a compensar ese sobrecoste, y se han endurecido (Wert dixit) las condiciones de disfrute, cabe pues preguntarse, ante semejante sinsentido: qui prodest? Hoy, día 27 de julio de 2012, nos hemos desayunado con la última sinrazón del proceso. Las tasas para estudiar un máster habilitante (los obligatorios para ejercer como profesor, abogado o ingeniero), suben un 35%, y en los restantes –casi todos- el aumento será del ….250%. Dicho de otro modo, un máster de 60 créditos que el año pasado costaba 1.550 €, este curso supondrá la friolera de 3.900 €, en el mejor de los casos, porque las sucesivas matriculaciones y los precios para los estudiantes extranjeros se multiplican exponencialmente. Se trata del tope más elevado de la horquilla que permitía el ministerio, mientras que otras comunidades han aplicado el más bajo e incluso están intentando evitar las subidas o compensarlas por otras vías.
En estos momentos, la realización de un máster resulta casi imprescindible para obtener determinado nivel de empleo en todo tipo de empresas e instituciones, porque mientras que los grados suponen la adquisición de unos conocimientos y unas destrezas más o menos generales, los másteres ofrecen una especialización destinada a poder realizar actividades más determinadas y para las que se necesita una preparación más específica. Muchos de ellos, además, son imprescindibles para iniciarse en el terreno de la investigación, aunque me temo que esa palabra es ya inexistente en el vocabulario de doña Esperanza Aguirre, que sin duda prefiere identificar investigación con mamandurria, por aquello de que los investigadores vivimos del cuento.
Si con esta subida nos cargamos la posibilidad del acceso a la investigación de muchos madrileños y foráneos que acudían a nuestros centros y cuya capacidad intelectual no se ve completada con la suficiente capacidad económica; si con esta subida declaramos la pena de muerte para muchos másteres a los que resultará imposible alcanzar el número mínimo de participantes para que puedan impartirse; si con esta subida laminamos uno de los principales activos de las universidades públicas madrileñas, reconocidas por la calidad de sus másteres… qui prodest? En ocasiones las respuestas posibles son varias, pero como señala el Principio de la navaja, atribuido a Guillermo de Ockham (el filósofo del siglo XIV al que se homenajea en el personaje de Guillermo de Baskerville, el protagonista de El nombre de la Rosa); cuando hay varias respuestas posibles, la más sencilla suele ser la acertada.
Así pues, pensemos a quién beneficia la desaparición quizás masiva de másteres (por ejemplo los de Humanidades) de las universidades públicas, y quién puede beneficiarse del flujo de estudiantes que sí están dispuestos, o pueden hacer un esfuerzo económico en ese sentido pero no pueden encontrar acomodo en una universidad pública porque ya no ofrece esa especialización. Quizás no sea casual que la Comunidad de Madrid tenga el mayor número de universidades privadas de España, aunque el nivel de calidad de sus grados y posgrados no alcance en muchos casos (salvadas honrosas excepciones) el que habían conseguido sus colegas públicas. Y si por el camino dejamos a muchos ciudadanos cuya alternativa a quedarse sin máster porque no tienen dinero para pagarlo ni siquiera es ponerse a trabajar con su título de licenciado bajo el brazo, porque no hay dónde, tampoco parece que importe mucho. Al menos no a la lideresa regional, para quien este tipo de cosas son un lujo; y ya sabemos a quién corresponden los lujos. A la postre, cada vez me parece más evidente que los recortes por la crisis no son sino una excusa para recortar a la educación pública en sí misma, desde las escuelas infantiles a los doctorados. Y si no sabemos por qué y para qué, preguntémonos una vez más, ¿a quién beneficia?
Fermín Miranda
Profesor Universidad Autónoma de Madrid
Departamento Historia Antigua y Medieval
Miembro de la Plataforma por la Enseñanza Pública Pozuelo.Aravaca
Miembro de la Plataforma por la Enseñanza Pública Pozuelo.Aravaca
Me voy a permitir ser un poco "borde" y a echarme a los pies de los caballos: Como bien se dice en el artículo, la explicación más sencilla suele ser la real, y en este caso la explicación mas sencilla, más allá de teorías de la conspiración sobre universidades privadas, es que la medida beneficia a todos los contribuyentes, que no gastaremos dinero (que no tenemos) en tener más años en la Universidad a un buen número de estudiantes de algunas disciplinas, como las Humanidades, abocados al paro o el subempleo, ya que no hay demanda para esos títulos, cuyo retorno a la sociedad (me refiero al retorno de la inversión, no a los intangibles beneficios de la cultura) es más que dudoso.
ResponderEliminarEn ese sentido, es lógico que los master habilitantes (es decir, los que de verdad sirven para ejercer una profeión) estén mejor tratados.
Eso sí, habría que complementar la medida con un sistema de becas justo y equilibrado para los verdaderos talentos y/o vocaciones en Humanidades y disciplinas similares.
Si, ya sé que suena cruel y duro, pero a base de gastar el dinero que no tenemos (robos de políticos aparte), hemos llegado a donde estamos... Y no veo muy claro cuál es la ventaja para la sociedad de tener "aparcados" a un buen número de jóvenes en la Universidad, por el simple hecho de conseguir un título, que luego para poco les va a servir.