lunes, 21 de mayo de 2012

No nos resignamos, no nos conformamos, LUCHEMOS

¿Su futuro ya no está en nuestras manos? Nos lo van arrebatando. Día a día nos despojan de una pequeña parcela. Día a día nos arrancan un mordisco de nuestra maltrecha enseñanza. 

No es demagogia, es una realidad. 
La excusa de la crisis (sin negarla), no es más que eso, el vehículo encontrado para llegar a la meta deseada. Las consecuencias no van a quedar diluidas. De hecho las vemos y sufrimos ya. 

La historia de nuestra educación en democracia, con todos sus defectos, con todos los problemas que haya padecido, ha sido la historia de un esfuerzo colectivo tras la búsqueda de una sociedad mejor, una sociedad que forzosamente había de contar con unos jóvenes bien preparados, capaces de situarse y situarnos en una posición que nos permitiera mirar a la cara al resto de los países. No podemos olvidar que partíamos de una situación lamentable, fruto de años lastrados por quienes se llevaron por delante las más progresistas propuestas de educación, pero ahora parecía que íbamos razonablemente bien encaminados. 

Las sociedades cultas son sociedades más libres, al menos disponen de un mayor número de instrumentos para llegar a serlo. La enseñanza es por lo tanto una pieza clave en el futuro y el devenir de las sociedades, de ahí que su control sea algo que desde siempre han perseguido los sectores que más miedo tienen a perder el control de las sociedades y sus individuos. Los beneficios económicos en juego son también un factor importante en ese pulso, pero más lo es el control del pensamiento. 

Nuestro sistema público educativo —desde las escuelas infantiles hasta la universidad— permite y asegura un pluralismo en la enseñanza que difícilmente puede darse en los centros de carácter no público. El acceso a las plazas de docente se lleva a cabo por oposición o por méritos (dependiendo del tipo de plaza), lo que hace que sea complicado su control ideológico —todo lo contrario de lo que ocurre con el profesional—. Esto, evidentemente, no les gusta a los sectores neoconservadores, pues la libertad de los profesionales encargados de la enseñanza de nuestros estudiantes se escapa a su control más directo. Es por ello, entre otras cosas, por lo que se inventaron los centros públicos de gestión privada, de forma que, bajo la manta de la enseñanza pública, esconden la intención de permitir ese control. Sobre los objetivos eminentemente económicos de sus inicios, han visto la forma de que determinados grupos de presión ideológica se hagan más activos en su capacidad de influencia en la sociedad. Véanse si no las concesiones a los centros concertados de posicionamientos religiosos más radicales en la Comunidad de Madrid. 

Las consecuencias para la educación de nuestros hijos son evidentes y cada día se hacen más notorias. Los colegios concertados han desarrollado mecanismos para controlar y vetar la entrada de aquellos niños que no quieren. Salvo honrosas excepciones, nada les interesan determinados segmentos de la población y, por supuesto, nada les importa la integración, da igual que sea por motivos de aprendizaje, físicos, raciales o de la índole que sea. 

El incremento de la ratio (número de alumnos por aula) —ya aplicado pero previsto que aumente a la vuelta del verano—, no lleva sino a complicar estas situaciones. Se trata, además, de una medida solicitada por la enseñanza privada para hacer más rentable económicamente sus aulas. El objetivo no es, ni mucho menos, pedagógico, es un objetivo simple y llanamente económico: a más niños por aula, más ingresos por matrículas con las mismas capacidades espaciales y el mismo profesorado. Sin olvidar que en la mayoría de los centros concertados la enseñanza no es lo “gratuita” que debería ser (en cualquier caso la pagamos todos con nuestros impuestos), sino que se buscan mecanismos y subterfugios para que los padres abonen los complementos que las direcciones consideran oportunos, incrementando los ingresos de las cantidades pagadas por la administración por cada estudiante, con las cantidades abonadas directamente por los padres (esto, evidentemente en los tramos de enseñanza obligatoria). Pero no nos engañemos, esos incrementos no están destinados a pagar mejor al profesorado, ni para dotarse de mejores medios de cara a una mejor formación, son para obtener mayores beneficios. 

Otro punto y seguido sería el de las ayudas, otorgadas en forma de desgravación fiscal por la compra de uniformes y material deportivo. Mientras en los centros públicos, en nombre de las necesidades de ahorro, se recortan los servicios de limpieza, se rechaza la contratación de auxiliares, se eliminan actividades extra escolares, se anulan servicios de transporte, se cercena el profesorado; para los centros privados y concertados se conceden desgravaciones por la compra de uniformes y material deportivo a las familias de niños que estudian en los colegios privados y concertados, sea cual sea su nivel de renta. 

Se han cargado las tintas sobre la idea de que la crisis obliga a los ajustes ­—y seguro que tenemos que controlar más nuestro gasto—, pero la realidad es tozuda y se contradice una y otra vez. El proyecto de desmantelamiento de las universidades públicas parece tener más que ver con la existencia de universidades privadas que no cuentan con el suficiente número de alumnos para alimentarlas. La universidad pública tendrá las carencias que tenga (fundamentalmente debidas a la falta de inversión), pero hoy por hoy es prácticamente la única que garantiza una enseñanza adecuada a los tiempos en que vivimos. La expedición de títulos a cambio de dinero, practicada por más de una universidad privada, es una práctica lamentable que nos lleva a un terreno muy peligroso en cuanto a competitividad y dependencia del exterior. 

Los recortes infringidos a la universidad estatal, en muchos casos no directamente desde el Ministerio de Educación y Cultura, sino desde el de Hacienda, no se justifican en el gasto, ni en el número de profesores por alumno, ni en el de alumnos matriculados —en las necesidades educativas por lo tanto—, sino en un deseo e intención manifiesta por conseguir que con el deterioro de la universidad pública aumenten las matrículas en las privadas. Así hemos de entender la retahíla de falsos datos vertidos por el ministro Wert en sus comparecencias, en las que pretende convertir una mentira en realidad y, por supuesto, hacérnosla creer. Así hemos de entender declaraciones como las realizadas el 15 de abril cuando decía que “España cuenta con 79 universidades (públicas o privadas) mientras que California, con una población similar, solo tiene 10”. (La realidad es que California cuenta con 146 universidades). O cuando dijo que con el número de estudiantes de nuestros campus era inviable el mantenimiento de la universidad, ocultando la realidad, y es que la cifra media de universitarios en España es de 20.000 por universidad, la misma cifra, o incluso algo superior en algunos casos, que la de universidades como Harvard, Oxford, Cambridge o Stanford. Tampoco son reales los datos esgrimidos por el ministro sobre la incidencia del paro entre los titulados universitarios, contestados y desmontados por economistas y algún rector. 

La realidad es que mientras en Estados Unidos hay 1 universidad por cada 94.000 habitantes, en Reino Unido, una universidad por cada 253.000 habitantes, en España hay una Universidad por cada 582.000 habitantes. No es que sobren universidades, tampoco sobran alumnos, se trata, una vez más, de imponer un modelo desmontando la enseñanza pública. 
Nos resignamos cuando nos quitan la ruta para llevar a nuestros hijos al instituto (la Constitución ampara el derecho a la enseñanza y su obligatoriedad en este tramo, proveyendo los instrumentos necesarios para hacerla real, sin embargo, los alumnos del Camilo José Cela que viven en Aravaca, a partir del curso que viene tendrán que coger dos autobuses públicos para ir al instituto). 

Nos resignamos cuando nos aconsejan que a nuestros niños con posibles problemas de aprendizaje los llevemos a evaluar fuera de nuestros centros. Y que cuando son evaluados, los llevemos a refuerzo también fuera, porque el personal dedicado a ello ha sido reducido hasta límites lamentables (una jornada por cada quince días por centro). Y ojo, que la falta de personal de refuerzo nos afecta a todos, pues un maestro con 28 niños y uno solo con déficit de atención, sin refuerzo, no puede estar en la misma situación para atender al conjunto. 

Nos resignamos cuando nos dicen que las bibliotecas de una gran parte de nuestros centros educativos (colegios e institutos) han permanecido cerradas durante todo el curso por falta de personal. 

Nos conformamos cuando no se recibe dinero para la renovación de los libros de las bibliotecas de los centros (¿para qué si están cerradas?) 

Nos conformamos cuando se reducen las prácticas de laboratorio (en algunos centros ni los pisan). 

Nos conformamos cuando se imposibilitan los desdoblamientos en las aulas. 

Nos conformamos cuando nos quitan la posibilidad de desarrollar actividades deportivas extraescolares, con las que suplimos las carencias de un sistema educativo que vive bastante de espaldas al deporte (las actividades deportivas y culturales que funcionan son, básicamente, las gestionadas por las APAS o AMPAS. En nuestros municipios, las municipales que precisan de un desplazamiento, se han visto mermadas por la falta de los medios para el mismo). 

Nos conformamos cuando nos cuentan que las plantillas del profesorado de todos los centros —desde el de las escuelas infantiles hasta el de universidades—, van a ser, o están siendo reducidas de forma alarmante. Las bajas definitivas no se cubren y las plazas cubiertas por personal interino no se convocan y se pierden igualmente (de cada once bajas vienen a perderse diez plazas de profesor en la universidad y este año, en educación secundaria se han perdido 3.000 plazas). 

En definitiva, nos resignamos tanto, que llegará un momento en el que ya no podremos resignarnos más, simplemente nos lamentaremos por habernos resignado. 

El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert declaró en su comparecencia en el Senado del 23 de abril que: 

“Las medidas no van a afectar significativamente en la calidad de la enseñanza" 

Es el reconocimiento explicito de que, efectivamente, la calidad va a disminuir. 

La mayoría de las medidas están siendo anunciadas de forma escalonada, pero muchas de ellas no están siendo puestas en marcha todavía, como la que se refiere a la posible implantación de un solo bachillerato por instituto, anunciada por el ministro, dejando en manos de las administraciones autonómicas la decisión. Esta medida previsiblemente será tomada durante el verano, con lo que nos la encontraremos al iniciar el curso. Su alcance lo desconocemos, porque desconocemos hasta dónde puede llegar y cómo puede llevarse a cabo. Nos dejan así, una vez más, en una situación en la que el debate se hace difícil. 

Por ello, porque creemos en el futuro, tenemos la obligación de intentar frenar esta destrucción programada del sistema público. Es un problema que nos afecta a todos, profesores, padres y alumnos, porque es nuestra única vía para mantener una sociedad moderna, avanzada, democrática y plural. 
Antonio Perla
Profesor UNED y miembro de la Plataforma por la escuela Pública Pozuelo/Aravaca

El martes 22 de mayo todos debemos manifestar nuestro rechazo a la destrucción del sistema público de enseñanza.

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